lunes, 8 de febrero de 2016

Sentencia 1 de febrero de 2016


JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3
(ANTIGUO MIXTO Nº 3)


Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000215/2015
Plaza del Adelantado s/n
NIG: 3802342120150001922
San Cristóbal de La Laguna
Materia: Reclamación de Cantidad
Teléfono: 922 92 42 69-70
Resolución: Sentencia 000030/2016
Fax.: 922 92 43 82

IUP: CR2015011870

Intervención:
Interviniente:
Abogado:
Procurador:
Demandante







Demandado
Tele Taxi Santa Cruz,



Sociedad Cooperativa



Limitada




La Ilma. Sra. Dña……………………….., Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de San Cristóbal de La Laguna y su Partido Judicial, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario núm. , en el que ha sido parte demandante D., representado por el Procurador Sr. …………………..y asistido por el Letrado Sr. …………………………., y parte demandada “Tele Taxi Santa Cruz, Sociedad Cooperativa Limitada”, representada por la Procuradora Sra………………. y asistida por el Letrado Sr. ……….., ha resuelto dictar la presente

S E N T E N C I A



En San Cristóbal de La Laguna, a 1 de febrero de 2016.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. ……………………..presentó el 16 de marzo de 2015 demanda contra “Tele Taxi Santa Cruz, Sociedad Cooperativa Limitada” en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, interesaba una sentencia condenatoria conforme al suplico de su escrito.

SEGUNDO.- De dicha demanda se dio traslado a la parte demandada, quien presentó escrito de contestación en plazo oponiéndose a la estimación de la demanda.

TERCERO.- La audiencia previa y el juicio se celebraron en la forma legalmente prevista, acordándose la práctica de diligencia final.

CUARTO.- Practicada la diligencia final y presentados los escritos de conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

QUINTO.- Se han cumplido todas las formalidades legales, salvo el plazo para el dictado de sentencia, debido a la carga de trabajo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpone D. …………………demanda contra “Tele Taxi Santa Cruz, Sociedad Cooperativa Limitada” solicitando se declare la nulidad, por estimarlo contrario a la ley, del acuerdo de expulsión dictado en su contra, que le supuso la retirada de antena y suspensión del servicio prestado a través de la central para reparto del servicio de transporte de viajeros. Como consecuencia de dicha nulidad, interesa ser repuesto en su condición de socio e indemnizado en la cuantía de 16.639'86 euros en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la privación de servicios de la cooperativa como la antena desde el 3 de abril de 2013 hasta la fecha de presentación de la demanda, más 19'16 euros al día por dicho concepto desde la presentación de la demanda hasta la restitución plena de sus derechos como socio.

Manifiesta, como fundamento de sus pretensiones, que en represalia por una serie de actuaciones por su parte (concretamente, según refiere, reclamación por servicios impagados, quejas por no asignación de servicios que le correspondían conforme al turno de espera, intención de impugnar la asamblea general de 29 de agosto de 2012, solicitud de exhibición de cuentas anuales y denuncias presentadas en la Inspección de Trabajo ante irregularidades laborales), la parte demandada inició en su contra un expediente sancionador que culminó el 3 de abril de 2013 en su expulsión de la cooperativa y consiguiente retirada de antena y suspensión del servicio prestado a través de la central para reparto de usuarios.

Estima el demandante que el acuerdo de sanción es nulo de pleno derecho por tres causas:

a)   porque el 10 de abril de 2013 D. ……….. formuló pliego de descargo en contra y sus alegaciones no fueron resueltas por el comité de recursos, no habiéndose tampoco discutido la sanción en la asamblea general, lo que infringe el art. 18 de la Ley de Cooperativas (en adelante, LCoop), por lo que, al no haberse resuelto el recurso, debió entenderse estimado el mismo por silencio positivo.

b)  porque la sanción de suspender al socio sólo está prevista para el caso de que el socio esté al descubierto en sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas.

c)  porque los arts. 15.4 a) y 16.3 d) de los Estatutos en los que se fundamenta la sanción de expulsión contravienen lo dispuesto en el art. 18.4 LCoop, y la DT Primera de dicha Ley establece que el contenido de los estatutos de las sociedades cooperativas existentes a la entrada en vigor de la LCoop no podrá ser aplicado si se opone a ésta, entendiéndose modificado o completado por cuantas normas prohibitivas o imperativas se contienen en la misma.

En relación a los 16.639'86 euros que solicita como indemnización, alega que cuantifica en esa cantidad las ganancias dejadas de obtener hasta la presentación de la demanda como consecuencia de haberle privado indebidamente de antena, pues al trabajar de noche no ha podido atender a clientes que han solicitado los servicios de taxi por teléfono, que afirma que son la mayoría. Manifiesta que sus ingresos habituales suelen ser de unos 25'55 euros al día aproximadamente, y que cifra en un 75% las ganancias dejadas de obtener, obteniendo de estos cálculos un total de 13.662'86 euros. A esto añade la cantidad que le supuso contratar un conductor asalariado para su taxi desde el 7 de agosto al 31 de octubre de 2013, 2.977 euros (2.133'08 en concepto de nóminas abonadas y 843'82 en concepto de cuotas de Seguridad Social).

SEGUNDO.- “Tele Taxi Santa Cruz, Sociedad Cooperativa Limitada” se opone a la demanda negando todo tipo de represalia por su parte y manifestando que el actor fue condenado por delito de amenazas y coacciones contra dos trabajadoras de la entidad, imponiéndosele una orden de alejamiento respecto a ellas. Añade que esos procedimientos fueron los que dieron lugar al procedimiento sancionador que el actor impugna en su demanda, y que en él se impuso una sanción por comisión de una falta muy grave consistente en la comisión de dos faltas graves en un periodo inferior a un año, tal y como establece el art. 15.4.a) de los estatutos.

Manifiesta la parte demandada que el procedimiento sancionador se siguió conforme a los estatutos, y que una vez notificado el acuerdo del Consejo Rector, el ahora actor no realizó ningún tipo de alegación, por lo que quedó expulsado formalmente de la cooperativa el 13 de mayo de 2013.

TERCERO.- Lo primero que hay que aclarar es que se han mezclado en los escritos de alegaciones cuestiones que ninguna relación ni trascendencia tienen en lo relativo a la impugnación del acuerdo de expulsión, por lo que en la presente resolución huelga hacer referencia a las mismas. Nos referimos, como cuestión más destacada, a la supuesta falta de reparto de servicios a través del sistema Auriga, pero también a las denuncias ante la Inspección de Trabajo, o al pago de los servicios de taxi a la Administración de Justicia. Ninguna de estas cuestiones tiene relación con el acuerdo impugnado, pues aunque el actor deje caer en su demanda que fueron razones intrínsecas que tuvo la Cooperativa demandada para llevar a cabo su expulsión, lo cierto es que basta examinar el expediente sancionador para comprobar que tenía sus propios fundamentos fácticos, muy distintos de los expuestos.

Así, el pliego de cargos, adjunto a la demanda como documento nº 13, recoge que la razón por la que se inicia el expediente sancionador es la comisión por parte de D. ……. de dos faltas graves en un periodo inferior a un año: la primera, el 23 de agosto de 2012, y la segunda, el 14 de febrero de 2013. Por cada una de ellas, según se recoge en el encabezamiento del propio pliego de cargos, había recaído sanción firme.

La LCoop (aplicable al caso de autos, al no haberse aprobado Ley de Cooperativas por la Comunidad Autónoma Canaria) dispone en su art. 11, al regular el contenido de los estatutos, que en estos se harán constar, entre otras cosas, “normas de disciplina social, tipificación de las faltas y sanciones, procedimiento sancionador, y pérdida de la condición de socio”. Al amparo de este precepto, los estatutos de la demanda (aportados con la contestación a la demanda como documento nº 5) regulan en sus arts. 14 y siguientes el régimen disciplinario de la cooperativa, el cual necesariamente ha de respetar el contenido del art. 18 Lcoop, cuyo tenor literal es el siguiente:

1. Los socios sólo podrán ser sancionados por las faltas previamente tipificadas en los Estatutos, que se clasificarán en faltas leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones cometidas por los socios prescribirán si son leves a los dos meses, si son graves a los cuatro meses, y si son muy graves a los seis meses.

Los plazos empezarán a computarse a partir de la fecha en la que se hayan cometido. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y notifica la resolución.

3. Los Estatutos establecerán los procedimientos sancionadores y los recursos que procedan, respetando las siguientes normas:

a) La facultad sancionadora es competencia indelegable del Consejo Rector.

b)  En  todos  los  supuestos  es  preceptiva  la  audiencia  previa  de  los  interesados  y  sus alegaciones deberán realizarse por escrito en los casos de faltas graves o muy graves.

c) El acuerdo de sanción puede ser impugnado en el plazo de un mes, desde su notificación, ante el Comité de Recursos que deberá resolver en el plazo de dos meses o, en su defecto, ante la Asamblea General que resolverá en la primera reunión que se celebre.

Transcurridos dichos plazos sin haberse resuelto y notificado el recurso se entenderá que éste ha sido estimado.

En el supuesto de que la impugnación no sea admitida o se desestimase, podrá recurrirse en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación ante el Juez de Primera Instancia, por el cauce procesal previsto en el artículo 31 de esta Ley.

4.  La sanción de suspender al socio en sus derechos, que no podrá alcanzar al derecho de información ni, en su caso, al de percibir retorno, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la de actualización de las mismas, se regulará en los Estatutos sólo para el supuesto en que el socio esté al descubierto de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas, en los términos establecidos estatutariamente.

5.  La expulsión de los socios sólo procederá por falta muy grave. Pero si afectase a un cargo social el mismo acuerdo rector podrá incluir la propuesta de cese simultáneo en el desempeño de dicho cargo.

El acuerdo de expulsión será ejecutivo una vez sea notificada la ratificación del Comité de Recursos o, en su defecto, de la Asamblea General mediante votación secreta, o cuando haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos sin haberlo hecho. No obstante, podrá aplicarse el régimen de suspensión cautelar previsto en el artículo anterior.

Consta en autos, a través de la documentación aportada, que el expediente sancionador fue seguido conforme disponen los estatutos de la demandada en su art. 19 y respetando la normativa estatal. Así, se inició mediante pliego de cargos del instructor, pliego que fue notificado a D. ………….el 3 de abril de 2013 (documento nº 13 de la demanda) y que reúne los requisitos exigidos por el art. 19 de los estatutos. En el propio pliego se informó al ahora actor de que disponía de diez días para formular alegaciones. El 10 de abril D. ………… presenta escrito de alegaciones (documento nº 17 de la contestación), y el 11 de abril se reúne el Consejo Rector adoptando el acuerdo que se ha aportado como documento nº 18 de la contestación, el cual es notificado el mismo día al actor (consta así acreditado al estar firmado el recibí en el pie del documento). El acuerdo recoge los extremos que exige el apartado 4 del art. 19 de los estatutos (acción realizada, calificación y sanción definitiva).

Tal y como dispone el apartado 5 del mismo precepto, D. ………disponía del plazo de un mes para recurrir el acuerdo ante la Asamblea General, pero sin embargo no presentó ningún recurso ni alegación, por lo que el acuerdo devino firme.

Sentado todo lo anterior, no podemos admitir ninguna de las tres causas de impugnación esgrimidas por el actor en su demanda:

En relación a la alegación de que se formuló el 10 de abril pliego de descargo y que no fue resuelto por el comité de recursos, la alegación no puede prosperar, por cuanto el pliego de descargo presentado es el referido en los apartados 3 y 4 del art. 19, sobre el que nada tiene que resolver el Comité de Recursos. Este órgano interviene en el supuesto de que se interponga recurso contra el acuerdo sancionador del Consejo Rector (art. 18.3.c Lcoop), lo que no sucedió en el presente caso.

Respecto al argumento de que la sanción no fue discutida en la asamblea general, lo que según el actor infringe el art. 18 LCoop, tampoco puede admitirse, puesto que la asamblea general sólo interviene si el socio recurre (art. 18.3.c Lcoop), lo que, como ya hemos señalado, aquí no fue el caso, pues D. ……… no presentó ningún recurso contra el acuerdo del Consejo Rector. Por otra parte, el art. 18 establece en su apartado 5 que “el acuerdo de expulsión será ejecutivo una vez sea notificada la ratificación del Comité de Recursos o, en su defecto, de la Asamblea General mediante votación secreta, o cuando haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos sin haberlo hecho”, de lo que se desprende que la intervención de la asamblea general sólo se produce en caso de interposición de recurso ante ella.

Tampoco puede acogerse la afirmación de que la sanción de suspender al socio sólo está prevista para el caso de que el socio esté al descubierto en sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas, pues nada más lejos de la realidad: la sanción de expulsión está prevista en el art. 18.5 LCoop en los siguientes términos: “La expulsión de los socios sólo procederá por falta muy grave”. El actor confunde los términos “expulsión del socio” y “suspensión del socio en sus derechos”, siendo esta última, y no la expulsión, la que tiene como presupuestos los indicados por el actor (art. 18.4: “La sanción de suspender al socio en sus derechos, que no podrá alcanzar al derecho de información ni, en su caso, al de percibir retorno, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la de actualización de las mismas, se regulará en los Estatutos sólo para el supuesto en que el socio esté al descubierto de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas, en los términos establecidos estatutariamente”).

Exactamente por la misma razón expuesta en el párrafo anterior decae también la alegación del demandante de que los arts. 15.4 a) y 16.3 d) de los estatutos contravienen lo dispuesto en el art. 18.4 LCoop y la DT Primera de dicha Ley.

El acuerdo sancionador, en consecuencia, es perfectamente válido y la demanda ha de desestimarse.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el párrafo primero del art. 394.1 Lec., las costas procesales se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.


Por todo lo expuesto, procede dictar el siguiente



FALLO

SE DESESTIMA la demanda interpuesta por D. ……………… contra “Tele Taxi Santa Cruz, Sociedad Cooperativa Limitada”, absolviéndose a ésta de las pretensiones esgrimidas en su contra en el presente procedimiento.

Todo ello, con expresa condena en costas a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la expresa advertencia de que contra la misma cabe recurso de apelación, a interponer por escrito ante este mismo Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación.

Así, por ésta, mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo. La Magistrada- Juez,

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior resolución por la Ilma. Magistrada-Juez que la suscribe, hallándose la misma celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe

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